La detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejó “mucho que pensar” y evidenció la necesidad de contar con instituciones sólidas que permitan dar certeza a la ciudadanía sobre este tipo de procesos, consideró el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.
Luego de que la Fiscalía General de la República detuviera al exmandatario panista por su presunta implicación en delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de combustible, Kuri recordó la relevancia histórica de Ruffo Appel como el primer gobernador de oposición en México.
“Este tipo de detenciones pues nos deja por lo menos mucho que pensar. Ruffo Appel (…) es un emblema del país, es decir, primer gobernador de oposición en la época donde se creía invencible en la época de una dictadura perfecta (…) dejó un cimiento en Baja California importante”, expresó, el mandatario estatal en entrevista con Mario León, director del Diario de Querétaro.
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El mandatario estatal sostuvo que el principal problema radica en la confianza hacia las instituciones encargadas de investigar y juzgar este tipo de casos. Añadió que una de las mayores preocupaciones para la sociedad sería la aplicación selectiva de la justicia, particularmente en un contexto donde existen distintos casos de alto impacto bajo investigación en el país.
“El problema que tenemos es la falta quizá de instituciones sólidas que nos permitan saber si eso o no es”, apuntó Kuri González al tiempo que señaló que “lo peor que nos puede pasar como sociedad es tener una justicia selectiva”.
Ante ello, hizo un llamado a fortalecer la autonomía de las fiscalías y a combatir la impunidad sin distinciones partidistas.
“Lo que yo exhorto es a que esta división de poderes, que las fiscalías sean totalmente autónomas y que busquen bajar la impunidad (…) sea de la persona que sea”, puntualizó.
Ernesto Ruffo Appel, fue detenido el pasado 15 de julio de 2026; la orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el municipio de Ensenada, Baja California, y posteriormente trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana.
-Con información de Diario de Querétaro
